LA LEY DE LA CONSULTA PREVIA, AVANCES Y RETOS PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PAIS
Juan Pari Choquecota, Congresista de la República
Un convenio internacional, como el 169 OIT, es vinculante y exige, según la convención de Viena, su cumplimiento. Ese paso se ha dado con la aprobación por el Congreso de la República de la Ley del derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios. La ley afirma los derechos de estos pueblos que fueron excluidos de las decisiones de las políticas públicas aplicadas en su territorio.
Es importante comprender que las normas del derecho internacional constituyen un límite mínimo en la protección de los derechos que los Estados deben respetar. Le toca a los estados avanzar por encima de ese límite mínimo porque la naturaleza de los sistemas constitucionales y democráticos es expandir los derechos y no reducirlos.
Es por eso que el derecho a la Consulta Previa no debe excluir a otras poblaciones que pueden sufrir impactos directos o indirectos de los grandes proyectos que se ejecutan o se autorizan por el Estado. Es necesario tener en cuenta varias condiciones.
Ámbito de aplicabilidad de la Consulta Previa
Muchos proyectos se desarrollan no sólo en los territorios de las comunidades indígenas, sino que impactan también en caseríos, cuencas e inclusive valles donde hay otras poblaciones. Es el caso de las industrias extractivas como la minería. Es conocido que actividades mineras como las de Cerro de Pasco impactan en la cuenca del Mantaro; o la minería informal de Ananea Puno, impacta en el Río Ramis y lago Titicaca; y con ello sobre las poblaciones que se asientan en las cuencas, aguas abajo. Sin duda todas estas poblaciones tienen derecho a ser consultados. La Consulta Previa y el consentimiento informado deben entenderse como un derecho expandible a todas las poblaciones que pueden sufrir impactos.
Consulta Previa antes y durante
La Consulta Previa tampoco debe reducirse al otorgamiento de la licencia social, sino que debería acompañar tanto el diseño, la implementación y monitoreo de los procesos de desarrollo de las economías locales, de tal modo que se alcancen los fines de la sostenibilidad. Tenemos que ser conscientes que los proyectos extractivos tienen un horizonte temporal, y si paralelamente no se impulsa el desarrollo de las economías locales dejaremos sociedades estancadas en prácticas extractivas, no preparadas para continuar su desarrollo.
En el nuevo escenario los relacionistas comunitarios de las empresas extractivas no pueden dedicarse sólo a evitar conflictos coyunturales, sino que deben involucrar a las poblaciones en las etapas más importantes de los proyectos y sean conscientes de sus beneficios e impactos y el involucramiento de la empresa en el desarrollo sostenible afirmando su responsabilidad corporativa con el desarrollo del país.
En ese proceso las comunidades tienen la oportunidad de empoderarse y dialogar con el Estado y con el esfuerzo de las empresas, de tal modo que la inversión social no se diluya en aportes aislados o en beneficio de grupos, y el esfuerzo nacional por el desarrollo sea compartido por todos los actores.
Consulta Previa como oportunidad para el desarrollo de los estándares de las empresas extractivas
La Consulta Previa es también una oportunidad para desarrollar los estándares de las empresas extractivas, en cuanto al uso de tecnologías, el manejo del agua, la preservación de los ecosistemas y los acondicionamientos del territorio para el desarrollo de economías sostenibles.,
Los estándares laborales también deben ser parte de ese diálogo con la población al momento de la consulta. Se busca que los comuneros y/o sus hijos sean contratados por las empresas, que se mejoren los porcentajes de empleo regional, lo que debe acompañarse con mejoras en la calidad del trabajo, la responsabilidad laboral y el compromiso de los nuevos trabajadores; todo ello en el marco de los estándares laborales internacionales.
La exigibilidad dada por la Consulta Previa no debe comprenderse como límites para la inversión de proyectos extractivos, sino como oportunidades para innovar y desarrollar tecnologías en el país y así ser responsables tanto Estado, comunidad y empresa con la vida presente y las futuras generaciones. Debe implicar también el desarrollo de capacidades en la oferta laboral del país, lo cual impulsará por presión de demanda, cambios institucionales y curriculares en los centros de formación superior y el surgimiento de nuevas especializaciones.
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Artículo del Presidente de la Comisión de Trabajo, Congresista Juan Pari
¿INFORMALIDAD O RÉGIMEN DEPREDADOR DE CONCESIONES MINERAS?
Después de los mineros baleados en Chala, y la improvisada declaratoria de emergencia en Madre de Dios, por el Ejecutivo, que facilitó la lamentable intervención policial-militar a las zonas mineras de esta parte de país que provocó la muerte de dos mineros y dejó 37 heridos, muchas verdades empezaron a emerger sobre el negocio del oro y las consecuencias de la actual política minera en el Perú.
El gobierno trató de cargar las culpas sobre la pequeña minería llamada informal por los problemas ambientales y los efectos sociales de este tipo de minería, como si los pequeños mineros fuesen los que conducen el rentable negocio del oro en el Perú.
Si observamos las cifras oficiales nos podemos dar cuenta que la minería “informal” opera en estrecha conexión con las empresas que realizan el comercio formal del oro.
En la serie histórica de los últimos cinco años (ver cuadro N°1) mostrando que hay una brecha de alrededor del 60%, entre lo que se produce formalmente y lo que se exporta formalmente en el país.
¿De dónde sale el oro que se exporta formalmente pero no se produce como tal? Es evidente que proviene de la llamada minería informal. Las grandes empresas comercializadoras adquieren el oro informal y lo comercializan formalmente, con autorización del gobierno, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social, ambiental por la forma en que se produce, ni mucho menos pagar impuestos por el oro que compran.
Se trata de un gran negocio que utiliza a las familias desplazadas, desempleadas, y que buscan en la pequeña minería una estrategia de sobrevivencia a cualquier precio. Sin duda, UN NEGOCIO REDONDO, de bajo costo, donde se explota la pobreza como el medio para extraer los recursos del suelo, depredar el ambiente y evadir impuestos, con conocimiento de nuestras autoridades encargadas de autorizar y fiscalizar el comercio del oro.
El investigador Miguel Santillana de la Universidad San Martín de Porres sostiene que hay un “oligopolio de más o menos 8 a 10 empresas con nombre y apellido conocidos por la SUNAT” que se dedican a la compra del oro a nivel nacional. El propio ministro del Ambiente Antonio Brack ha dicho que “esa minería (la de Madre de Dios) no es ni pequeña ni artesanal. Es minería grande camuflada…”.
Quienes lideran el negocio del oro en el Perú, sin considerar estándares de seguridad, ni de responsabilidad social ni ambiental, son empresas formales dedicadas a la extracción, acopio, cianurización y venta del codiciado metal y las que se quedan con el grueso de las ganancias que los mercados del metal producen. Esto se evidencia (ver cuadro N°2), en que casi el 60% del oro producido se comercializa por tres empresas grandes.
Este negocio ha sido constante en los últimos años, tolerado por el gobierno que no solo aprueba la contratación informal y no le impone pena alguna, sino que registra el oro informal en un rubro de “comercio de origen indeterminado” que solo el Perú consigna en sus cuentas.
La minería llamada informal no es tan “informal” como dice el presidente. No solo porque los pequeños mineros se encuentran funcionalmente ensamblados a la cadena de exportadoras formales, sino también porque las actividades de explotación del oro a través de la minería pequeña y artesanal están autorizadas por las leyes.
El actual régimen legal de concesiones mineras otorga discreción ilimitada al Ministerio de energía y Minas para disponer de los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, sin ninguna aprobación de los gobiernos regionales, ni de las municipalidades, ni de las comunidades nativas e indígenas, ni de las poblaciones regionales, a consecuencia de lo cual se tienen alrededor de 30,000 concesiones en costa, sierra y selva.
Y las explotaciones llamadas “informales” operan en la mayoría de casos en concesiones formalmente otorgadas. En muchos casos los titulares de las concesiones no explotan directamente las cuadrículas concesionadas, sino que las entregan a mineros informales, medianos, pequeños y artesanales con quienes contratan, pero esto también se ampara en el sistema legal.
El Artículo 11, de la ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, del periodo de Toledo, permite el “acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el titular del derecho minero”. Es decir, acepta la asociación entre el titular de la concesión y los llamados mineros informales, aunque le encarga al Ministerio de energía y Minas, una labor tutelar de fortalecimiento orientada a la “consolidación empresarial” de los pequeños mineros.
Nos encontramos, entonces, ante una informalidad que se origina y se reconoce en las actuales leyes, fuertemente ensamblada al régimen formal de otorgamiento de concesiones y a las empresas autorizadas para comercializar el oro. No se debe culpar, entonces, únicamente a los pequeños mineros. Aquí hay indudable responsabilidad de la gran minería, ubicada en el centro de la cadena de explotación del oro, y, por supuesto, hay responsabilidad del Estado por el tipo de legislación que promueve.
In. Eco. Juan Pari
Congresista de la República
El gobierno trató de cargar las culpas sobre la pequeña minería llamada informal por los problemas ambientales y los efectos sociales de este tipo de minería, como si los pequeños mineros fuesen los que conducen el rentable negocio del oro en el Perú.
Si observamos las cifras oficiales nos podemos dar cuenta que la minería “informal” opera en estrecha conexión con las empresas que realizan el comercio formal del oro.
En la serie histórica de los últimos cinco años (ver cuadro N°1) mostrando que hay una brecha de alrededor del 60%, entre lo que se produce formalmente y lo que se exporta formalmente en el país.
¿De dónde sale el oro que se exporta formalmente pero no se produce como tal? Es evidente que proviene de la llamada minería informal. Las grandes empresas comercializadoras adquieren el oro informal y lo comercializan formalmente, con autorización del gobierno, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social, ambiental por la forma en que se produce, ni mucho menos pagar impuestos por el oro que compran.
Se trata de un gran negocio que utiliza a las familias desplazadas, desempleadas, y que buscan en la pequeña minería una estrategia de sobrevivencia a cualquier precio. Sin duda, UN NEGOCIO REDONDO, de bajo costo, donde se explota la pobreza como el medio para extraer los recursos del suelo, depredar el ambiente y evadir impuestos, con conocimiento de nuestras autoridades encargadas de autorizar y fiscalizar el comercio del oro.
El investigador Miguel Santillana de la Universidad San Martín de Porres sostiene que hay un “oligopolio de más o menos 8 a 10 empresas con nombre y apellido conocidos por la SUNAT” que se dedican a la compra del oro a nivel nacional. El propio ministro del Ambiente Antonio Brack ha dicho que “esa minería (la de Madre de Dios) no es ni pequeña ni artesanal. Es minería grande camuflada…”.
Quienes lideran el negocio del oro en el Perú, sin considerar estándares de seguridad, ni de responsabilidad social ni ambiental, son empresas formales dedicadas a la extracción, acopio, cianurización y venta del codiciado metal y las que se quedan con el grueso de las ganancias que los mercados del metal producen. Esto se evidencia (ver cuadro N°2), en que casi el 60% del oro producido se comercializa por tres empresas grandes.
Este negocio ha sido constante en los últimos años, tolerado por el gobierno que no solo aprueba la contratación informal y no le impone pena alguna, sino que registra el oro informal en un rubro de “comercio de origen indeterminado” que solo el Perú consigna en sus cuentas.
La minería llamada informal no es tan “informal” como dice el presidente. No solo porque los pequeños mineros se encuentran funcionalmente ensamblados a la cadena de exportadoras formales, sino también porque las actividades de explotación del oro a través de la minería pequeña y artesanal están autorizadas por las leyes.
El actual régimen legal de concesiones mineras otorga discreción ilimitada al Ministerio de energía y Minas para disponer de los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, sin ninguna aprobación de los gobiernos regionales, ni de las municipalidades, ni de las comunidades nativas e indígenas, ni de las poblaciones regionales, a consecuencia de lo cual se tienen alrededor de 30,000 concesiones en costa, sierra y selva.
Y las explotaciones llamadas “informales” operan en la mayoría de casos en concesiones formalmente otorgadas. En muchos casos los titulares de las concesiones no explotan directamente las cuadrículas concesionadas, sino que las entregan a mineros informales, medianos, pequeños y artesanales con quienes contratan, pero esto también se ampara en el sistema legal.
El Artículo 11, de la ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, del periodo de Toledo, permite el “acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el titular del derecho minero”. Es decir, acepta la asociación entre el titular de la concesión y los llamados mineros informales, aunque le encarga al Ministerio de energía y Minas, una labor tutelar de fortalecimiento orientada a la “consolidación empresarial” de los pequeños mineros.
Nos encontramos, entonces, ante una informalidad que se origina y se reconoce en las actuales leyes, fuertemente ensamblada al régimen formal de otorgamiento de concesiones y a las empresas autorizadas para comercializar el oro. No se debe culpar, entonces, únicamente a los pequeños mineros. Aquí hay indudable responsabilidad de la gran minería, ubicada en el centro de la cadena de explotación del oro, y, por supuesto, hay responsabilidad del Estado por el tipo de legislación que promueve.
In. Eco. Juan Pari
Congresista de la República
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TACNA DEBE SER REGIÓN PRIORITARIA PARA EL PAÍS
Ing. Econ. Juan Pari Choquecota
La celebración del 81avo aniversario de reincorporación de Tacna al territorio patrio encuentra a esta región con una serie de desafíos planteados.
El primer reto es hacer que se respete el mar territorial peruano que por negligencia de los negociadores encargados por el actual Gobierno, no se menciona de manera expresa en el llamado Tratado de Libre Comercio firmado con el Gobierno de Chile. Tacna ha tenido, y tiene, el rol principal en la afirmación de los intereses nacionales, los cuales deben primar también en el actual diferendo marítimo que nuestro país sigue ante la Corte Internacional de la Haya.
Tacna es también una región económica prioritaria para el sur y para el país en su conjunto. No sólo por lo que la explotación del cobre significa, sino porque esta región tiene una posición estratégica para el comercio transfronterizo con los países hermanos de Bolivia, Chile y el Brasil. Tacna está entre las regiones que más exportan, junto con Arequipa, Ica, Moquegua, Ancash, teniendo en cuenta, además que por su territorio pasan gran parte de las exportaciones de los departamentos del sur.
Tacna es la principal productora de olivo y de orégano del país, y una región que por cada 100 soles de contribución al fisco, recibe sólo 79 soles, siendo la cuarta región con mayor recaudación tributaria nacional. Además es el segundo puerto de entrada de visitantes, después de Lima.
Esto hace que Tacna deba ser considerada dentro de las políticas de promoción del comercio exterior; reflotar y relanzar la plataforma industrial y comercial que representa ZOFRATACNA.
La Región Tacna viene a ser también un caso altamente representativo del proceso de reducción de la disponibilidad del agua y el aumento sequías, que se siente especialmente en la región sur del país. Las lagunas naturales de Viscachas, Suches y Aricota se están secando a pasos acelerados, y hace poco la ciudad de Tacna ha entrado en emergencia de hecho por la falta de agua urbana. Esto hace ver que hasta ahora, ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno regional han tomado medidas de prevención, y siempre reaccionan “después de”, tardíamente. Es necesario cambiar esta manera equivocada de gobernar.
Por otro lado, la elevada importancia de las explotaciones mineras en la región Tacna, hace ver la necesidad de re-discutir con seriedad la redistribución del impuesto a la renta derivado de los ingresos por actividades mineras, teniendo en cuenta criterios de justicia y sostenibilidad. Actualmente esta distribución se está haciendo con criterios de negociación política, para favorecer a ciertos electorados.
Es urgente también que el Congreso de la República apruebe la creación de un verdadero canon minero, que signifique la participación de las regiones en las ganancias que la explotación de los recursos naturales genera. Tal canon no existe en el momento y se viene haciendo pasar como tal a la mera distribución del impuesto a la renta generada en las actividades mineras.
El impuesto a la renta, como todos sabemos, lo pagan todos los ciudadanos y empresas del país, por lo que mal puede decirse que es una contribución especial de las empresas mineras. Esta situación debe cambiar, y es el primer mensaje que hay que levantar con motivo de un a aniversario más de nuestra querida Tacna.
