Intervención del Congresista Juan Pari Choquecota en Pleno del Congreso.
25-05-11
La viabilidad del Programa Social de Gana Perú
No es cierto que ese programa sea inviable. Ollanta Humala ha recordado que hay por lo menos cinco fuentes que pueden mencionarse para atender este programa de indudable necesidad social: la aplicación del impuesto a las sobreganancias; los dineros no ejecutados del presupuesto fiscal; el cobro de la deuda tributaria acumulada; el impacto previsto en la caja fiscal por el crecimiento del PBI; el ahorro de fondos públicos si se hace una lucha efectiva contra la corrupción generalizada.
1. El Impuesto a las sobreganancias
La aplicación de un impuesto a las sobreganancias fue uno de los iniciativas del candidato Ollanta Humala en la campaña 2006 -2011, incorporada por García a su avivada retórica. García llegó a exigir la necesidad de introducir en las políticas económicas “un poquito de nacionalismo”, al que se comprometió en caso de ser elegido.
Una vez en Palacio se olvidó de sus palabras, y salió con el cuento de que era mejor persuadir a las 17 principales empresas que explotan nuestros riquísimos recursos mineros para que hagan un “aporte voluntario”. Ni cortas ni perezosas las empresas aceptaron la oferta y ofrecieron US$ 500 millones de “óbolo minero”, “aportando” cada empresa US$ 29’411, 764, fraccionados en cinco años. A la fecha ni siquiera han cumplido con el cien por ciento del “óbolo”.
El gobierno pudo optar por aplicar la ley de regalías mineras, pero ha preferido negarse a revisar los contratos mineros, amparándose en la bastarda figura de los “contratos de estabilidad”, que el gobierno de Fujimori introdujo para blindar las ganancias mineras excesivas.
No se crea que con la propuesta nacionalista del impuesto a las sobreganancias mineras –que hasta Kuczynski y la candidata Fujimori llegaron a copiar– se está descubriendo la pólvora. Se trata de un impuesto que se aplica en varios países.
Veamos el siguiente ejemplo: El Gobierno de Fujimori entrega en concesión el Yacimiento Antamina, cuyas reservas probadas se datearon en 1952. Formalmente pasó a propiedad del estado peruano en 1970 y a partir de 1973 fue administrada por Minero Perú. La concesión inicial la obtuvieron las empresas canadienses Río Algom e Inmet, luego se realizaron una serie de transacciones especulativas, hasta llegar a la actual composición de propietarios del yacimiento Antamina:
BHP Billiton, 33.75%;
XsTRATA, 33.75%;
TECK, 22.5%; y,
Mitsubishi Corporation, 10%
El inicio de operaciones se realizó el 14 de noviembre de 2001, bajo el padrinazgo de Alejandro Toledo. Ese día el precio internacional de la libra de cobre era de US$ 0.70 ctvs. Hoy se cotiza a US$ 4.70 la libra.
El caso del oro es igualmente objetivo. Cuando inició sus operaciones la minera Yanacocha, la onza de oro se cotizaba en US$ 48.00; hoy se cotiza en US$ 1,545,45.
La pregunta que tienen que hacerse todos los peruanos que aman al Perú, es si, en esas condiciones, no es razonable que el “agricultor” Roque Benavides y sus socios paguen un impuesto, no ya a las sobreganancias, sino a las recontra-sobre-sobre-ganancias que han obtenido y siguen obteniendo
2.- Presupuesto no Ejecutado Humala ha demandado también una gestión más eficiente y eficaz del Presupuesto General de la República. En efecto, en el periodo 2006 – 20011 no se ha ejecutado, en promedio, el 16.9% del presupuesto. Por ejemplo, en 2010 no se gastaron S/, 18,011’721,207; en 2009, s/. 17,578’980,268 y así sucesivamente (ver cuadro). Continuando con la tendencia, si este año no se hacen correctivos, se quedarían sin gastar 15,036’504,624 de soles.
Este argumento del candidato Ollanta ha sido también plagiado por la candidata Fujimorista, quién asevera que “no se ejecuta el presupuesto entre 8 y 10 mil millones de soles…”. Las cifras, son por supuesto, mayores.
3.- Deuda tributaria no cobradaLa Dirección Nacional de Contabilidad Pública, en su Informe al Congreso de la República, registra que la deuda tributaria acumulada a diciembre de 2009 asciende a S/ 87 mil millones. Lo menos que puede hacer un gobierno es cobrar esa deuda. La propuesta de Ollanta es ejecutar por lo menos el 10% de esta deuda, con lo que se tendría alrededor a S/ 8,700 millones.
4.- Crecimiento del PBI.
El Presidente García y su burocracia no se cansan de repetir que el Perú crece. El 2010 el PBI creció 8.5% y se proyecta para este año 9% o más. Aceptemos un porcentaje conservador del 8%. En Términos de aporte a la caja fiscal, cada punto de crecimiento del PBI representa S/. 500 millones. Se tendría entonces alrededor de 4 mil millones de dólares.
5.- El Forado de la Corrupción El Contralor de la República informó oficialmente que el estado peruano pierde anualmente S/. 6,500 millones por efecto de la falta de la carrera en la administración pública, y por los actos de corrupción.
Una buena política anticorrupción es, desde este punto de vista, muy rentable para el país. Esto explica el compromiso de lucha efectiva contra la corrupción reiterado por Humala.
6. Un programa social viableLas propuestas sociales de GANA PERU son las más criticadas por quienes jamás movieron un dedo por resolver los grandes problemas nacionales.
El programa “Pensión 65” beneficiará a 1’235,281 peruanos que no cuentan con ningún tipo de ingresos (La cifra se encuentra en PERÚ COMPENDIO ESTADÍSTICO 2010, TOMO I, pág. Nº 113. INEI). Si multiplicamos 1’235,281 por S/ 250 obtenemos S/. 308’820,250 al mes o sea 3,705’843,000 año: lo que se necesita para atender a los peruanos mayores sin ingresos.
También es posible el aumento de sueldos para los 21 mil oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es un deber moral. Con un incremento de mil soles mensuales se obtiene un monto de S/. 21 millones y S/. 252 millones al año.
En cuanto se refiere a la homologación a los docentes universitarios, lo que se necesita son 500 millones de soles al año. Y para el incremento de sueldos a los profesores de Educación básica–regular se requieren 720 millones al año.
Si se suman todos estos conceptos, se llega a 29,886’504,624 soles disponibles.
El monto total para gastos sociales asciende, por su parte, a S/. 5,177’843,000, lo que representa el 17.33% de las fuentes de financiamiento a estructurar. No hay, entonces, razones para dudar del programa social de GANA PERU. Lo único que se requiere es gobernar poniendo por delante los intereses nacionales y sociales, y la unidad de los peruanos.
Por: Juan Pari Choquecota
Congresista de la República
PLENO DEL CONGRESO APRUEBA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Congreso de la República aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país y adoptar medidas destinadas a la prevención de accidentes de trabajadores en su centro de labores.La propuesta aprobada consta de ocho capítulos y 104 artículos, la cual fue sustentada por el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pari Choquecota (GPN), quien señaló que se necesita de una norma que proteja a los trabajadores de los accidentes y enfermedades contraídas en su centro de trabajo.
La ley establece responsabilidades económicas y legales de los empleadores, como consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones como consecuencia de su labor.
La propuesta alcanzó 57 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones, tras rechazarse una cuestión previa planteada por el congresista Walter Menchola Vásquez (AN) que solicitaba enviar la propuesta a la Comisión de Salud. También fue exonerada de la segunda votación.
Intervinieron para apoyar la norma los congresistas Yonhy Lescano Ancieta (AP), Rafael Vásquez Rodríguez (GPN), Víctor Mayorga Miranda
(GPN) y Luis Negreiros Criado (PAP), entre otros.
(GPN) y Luis Negreiros Criado (PAP), entre otros.
FUENTE: ANDINA, AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS
Mayo 2011
¿INFORMALIDAD O RÉGIMEN DEPREDADOR DE CONCESIONES MINERAS?
Después de los mineros baleados en Chala, y la improvisada declaratoria de emergencia en Madre de Dios, por el Ejecutivo, que facilitó la lamentable intervención policial-militar a las zonas mineras de esta parte de país que provocó la muerte de dos mineros y dejó 37 heridos, muchas verdades empezaron a emerger sobre el negocio del oro y las consecuencias de la actual política minera en el Perú.
El gobierno trató de cargar las culpas sobre la pequeña minería llamada informal por los problemas ambientales y los efectos sociales de este tipo de minería, como si los pequeños mineros fuesen los que conducen el rentable negocio del oro en el Perú.
Si observamos las cifras oficiales nos podemos dar cuenta que la minería “informal” opera en estrecha conexión con las empresas que realizan el comercio formal del oro.
En la serie histórica de los últimos cinco años (ver cuadro N°1) mostrando que hay una brecha de alrededor del 60%, entre lo que se produce formalmente y lo que se exporta formalmente en el país.
¿De dónde sale el oro que se exporta formalmente pero no se produce como tal? Es evidente que proviene de la llamada minería informal. Las grandes empresas comercializadoras adquieren el oro informal y lo comercializan formalmente, con autorización del gobierno, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social, ambiental por la forma en que se produce, ni mucho menos pagar impuestos por el oro que compran.
Se trata de un gran negocio que utiliza a las familias desplazadas, desempleadas, y que buscan en la pequeña minería una estrategia de sobrevivencia a cualquier precio. Sin duda, UN NEGOCIO REDONDO, de bajo costo, donde se explota la pobreza como el medio para extraer los recursos del suelo, depredar el ambiente y evadir impuestos, con conocimiento de nuestras autoridades encargadas de autorizar y fiscalizar el comercio del oro.
El investigador Miguel Santillana de la Universidad San Martín de Porres sostiene que hay un “oligopolio de más o menos 8 a 10 empresas con nombre y apellido conocidos por la SUNAT” que se dedican a la compra del oro a nivel nacional. El propio ministro del Ambiente Antonio Brack ha dicho que “esa minería (la de Madre de Dios) no es ni pequeña ni artesanal. Es minería grande camuflada…”.
Quienes lideran el negocio del oro en el Perú, sin considerar estándares de seguridad, ni de responsabilidad social ni ambiental, son empresas formales dedicadas a la extracción, acopio, cianurización y venta del codiciado metal y las que se quedan con el grueso de las ganancias que los mercados del metal producen. Esto se evidencia (ver cuadro N°2), en que casi el 60% del oro producido se comercializa por tres empresas grandes.
Este negocio ha sido constante en los últimos años, tolerado por el gobierno que no solo aprueba la contratación informal y no le impone pena alguna, sino que registra el oro informal en un rubro de “comercio de origen indeterminado” que solo el Perú consigna en sus cuentas.
La minería llamada informal no es tan “informal” como dice el presidente. No solo porque los pequeños mineros se encuentran funcionalmente ensamblados a la cadena de exportadoras formales, sino también porque las actividades de explotación del oro a través de la minería pequeña y artesanal están autorizadas por las leyes.
El actual régimen legal de concesiones mineras otorga discreción ilimitada al Ministerio de energía y Minas para disponer de los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, sin ninguna aprobación de los gobiernos regionales, ni de las municipalidades, ni de las comunidades nativas e indígenas, ni de las poblaciones regionales, a consecuencia de lo cual se tienen alrededor de 30,000 concesiones en costa, sierra y selva.
Y las explotaciones llamadas “informales” operan en la mayoría de casos en concesiones formalmente otorgadas. En muchos casos los titulares de las concesiones no explotan directamente las cuadrículas concesionadas, sino que las entregan a mineros informales, medianos, pequeños y artesanales con quienes contratan, pero esto también se ampara en el sistema legal.
El Artículo 11, de la ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, del periodo de Toledo, permite el “acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el titular del derecho minero”. Es decir, acepta la asociación entre el titular de la concesión y los llamados mineros informales, aunque le encarga al Ministerio de energía y Minas, una labor tutelar de fortalecimiento orientada a la “consolidación empresarial” de los pequeños mineros.
Nos encontramos, entonces, ante una informalidad que se origina y se reconoce en las actuales leyes, fuertemente ensamblada al régimen formal de otorgamiento de concesiones y a las empresas autorizadas para comercializar el oro. No se debe culpar, entonces, únicamente a los pequeños mineros. Aquí hay indudable responsabilidad de la gran minería, ubicada en el centro de la cadena de explotación del oro, y, por supuesto, hay responsabilidad del Estado por el tipo de legislación que promueve.
In. Eco. Juan Pari
Congresista de la República.
El gobierno trató de cargar las culpas sobre la pequeña minería llamada informal por los problemas ambientales y los efectos sociales de este tipo de minería, como si los pequeños mineros fuesen los que conducen el rentable negocio del oro en el Perú.
Si observamos las cifras oficiales nos podemos dar cuenta que la minería “informal” opera en estrecha conexión con las empresas que realizan el comercio formal del oro.
En la serie histórica de los últimos cinco años (ver cuadro N°1) mostrando que hay una brecha de alrededor del 60%, entre lo que se produce formalmente y lo que se exporta formalmente en el país.
¿De dónde sale el oro que se exporta formalmente pero no se produce como tal? Es evidente que proviene de la llamada minería informal. Las grandes empresas comercializadoras adquieren el oro informal y lo comercializan formalmente, con autorización del gobierno, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social, ambiental por la forma en que se produce, ni mucho menos pagar impuestos por el oro que compran.
Se trata de un gran negocio que utiliza a las familias desplazadas, desempleadas, y que buscan en la pequeña minería una estrategia de sobrevivencia a cualquier precio. Sin duda, UN NEGOCIO REDONDO, de bajo costo, donde se explota la pobreza como el medio para extraer los recursos del suelo, depredar el ambiente y evadir impuestos, con conocimiento de nuestras autoridades encargadas de autorizar y fiscalizar el comercio del oro.
El investigador Miguel Santillana de la Universidad San Martín de Porres sostiene que hay un “oligopolio de más o menos 8 a 10 empresas con nombre y apellido conocidos por la SUNAT” que se dedican a la compra del oro a nivel nacional. El propio ministro del Ambiente Antonio Brack ha dicho que “esa minería (la de Madre de Dios) no es ni pequeña ni artesanal. Es minería grande camuflada…”.
Quienes lideran el negocio del oro en el Perú, sin considerar estándares de seguridad, ni de responsabilidad social ni ambiental, son empresas formales dedicadas a la extracción, acopio, cianurización y venta del codiciado metal y las que se quedan con el grueso de las ganancias que los mercados del metal producen. Esto se evidencia (ver cuadro N°2), en que casi el 60% del oro producido se comercializa por tres empresas grandes.
Este negocio ha sido constante en los últimos años, tolerado por el gobierno que no solo aprueba la contratación informal y no le impone pena alguna, sino que registra el oro informal en un rubro de “comercio de origen indeterminado” que solo el Perú consigna en sus cuentas.
La minería llamada informal no es tan “informal” como dice el presidente. No solo porque los pequeños mineros se encuentran funcionalmente ensamblados a la cadena de exportadoras formales, sino también porque las actividades de explotación del oro a través de la minería pequeña y artesanal están autorizadas por las leyes.
El actual régimen legal de concesiones mineras otorga discreción ilimitada al Ministerio de energía y Minas para disponer de los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, sin ninguna aprobación de los gobiernos regionales, ni de las municipalidades, ni de las comunidades nativas e indígenas, ni de las poblaciones regionales, a consecuencia de lo cual se tienen alrededor de 30,000 concesiones en costa, sierra y selva.
Y las explotaciones llamadas “informales” operan en la mayoría de casos en concesiones formalmente otorgadas. En muchos casos los titulares de las concesiones no explotan directamente las cuadrículas concesionadas, sino que las entregan a mineros informales, medianos, pequeños y artesanales con quienes contratan, pero esto también se ampara en el sistema legal.
El Artículo 11, de la ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, del periodo de Toledo, permite el “acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el titular del derecho minero”. Es decir, acepta la asociación entre el titular de la concesión y los llamados mineros informales, aunque le encarga al Ministerio de energía y Minas, una labor tutelar de fortalecimiento orientada a la “consolidación empresarial” de los pequeños mineros.
Nos encontramos, entonces, ante una informalidad que se origina y se reconoce en las actuales leyes, fuertemente ensamblada al régimen formal de otorgamiento de concesiones y a las empresas autorizadas para comercializar el oro. No se debe culpar, entonces, únicamente a los pequeños mineros. Aquí hay indudable responsabilidad de la gran minería, ubicada en el centro de la cadena de explotación del oro, y, por supuesto, hay responsabilidad del Estado por el tipo de legislación que promueve.
In. Eco. Juan Pari
Congresista de la República.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA APRUEBA REGIMEN LABORAL ESPECIAL DEL SERVIDOR PENITENCIARIO
En sesión plenaria vespertina, el Congreso de la República aprobó -en cumplimiento de las funciones señaladas en el Código de Ejecución Penal- el proyecto de ley que regula el régimen laboral de los servidores penitenciarios, el régimen disciplinario y el Tribunal Disciplinario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Esta norma regula el ingreso a la carrera pública penitenciaria y la evaluación periódica a la que están sometidos los servidores penitenciarios, como también las remuneraciones y otros beneficios que obtendrán, asimismo incluye las sanciones que se aplicarán ante las faltas cometidas. La medida fue aprobada por 68 votos.
Pari Choquecota, congresista del Partido Nacionalista, representante de la Región Tacna, sostiene que el propósito esencial de esta iniciativa es mejorar las condiciones de trabajo y desarrollo profesional del servidor penitenciario, que actualmente se encuentra subestimado, en condiciones de inseguridad y remuneraciones que no cubren el riesgo del trabajo en los centros penitenciarios. Se procura de este modo mejorar la eficacia y eficiencia del Estado y en particular de la administración penitenciaria como parte del sector justicia, basando su estrategia en potenciar prioritariamente sus recursos humanos, que son el eje central de cualquier cambio social u organizacional. Nota de Prensa - Mayo 2011
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
DESPACHO CONGRESISTA JUAN PARI
Jr. Junín 330 Of. 302 Mz.
3117753 / RPM: *456631
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
DESPACHO CONGRESISTA JUAN PARI
Jr. Junín 330 Of. 302 Mz.
3117753 / RPM: *456631
Expansión descontrolada de la minería se dio con liberalización de Fujimori
La expansión minera en la región Tacna abarca alrededor del 30% de su territorio, con 833 concesiones hasta el año 2009, según la información que proporciona la Dirección de Catastro Minero.
Estas concesiones son sobre recursos mineros metálicos y no metálicos, y se vienen otorgando sobre áreas de cuencas, en terrenos de comunidades como las de Huaytire y Vilavilani, y aun sobre terrenos agrícolas y de uso urbano. Incluso sobre áreas históricas, que deberían ser consideradas intangibles, como las del Alto del Alianza, en donde existen hasta 6 concesiones que cubren una extensión de 2300 hectáreas.Para el congresista Juan Pari Choquecota de la bancada nacionalista, la expansión desmedida de la minería es la principal causante de la crisis del agua que sufre Tacna, así como de la contaminación de aguas y suelos que se observa en la parte baja de valles como el de Locumba.
“Está expansión descontrolada es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, y del INGEMMET, que son los que otorgan las concesiones para la mediana y gran minería” sostuvo el legislador quien agregó que esta situación se origina en la legislación de la época del fujimorismo que, so pretexto de promover la inversión extranjera, lo que ha hecho es abrir las puertas para la depredación de las riquezas del suelo y subsuelo, ocasionado grave afectación al equilibrio ambiental, y sin que las poblaciones vean el real beneficio que la minería trae para el empleo y los ingresos en Tacna.
La fuente de este desequilibrio es la Constitución de Fujimori, que no reconoce a los Gobiernos Regionales y Locales, ni a las poblaciones el derecho a tomar parte en el otorgamiento de concesiones, manifestó el legislador. Finalmente dijo que en el Congreso se ha aprobado, después de muchos obstáculos puestos por la mayoría del partido aprista, en alianza con la bancada fujimorista, la Ley de la Consulta Pública, para que las poblaciones tomen parte en los procesos de otorgamiento de concesiones; pero esa ley ha sido observada por el Presidente García, y la Presidencia del Congreso se niega a darle prioridad para aprobar la insistencia a la que el Congreso tiene derecho”.
“Mientras la legislación no se corrija, no será posible frenar los excesos de las empresas mineras, en alianza con los funcionarios de Energía y Minas, tarea que debe ser asumida por el nuevo gobierno”, acotó el congresista.
Mayo 2011
Problemática de Zofratacna será debatida en evento público
AUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN LA REGIÓN TACNA
Con el objetivo de conocer de manera directa el impacto en el desarrollo económico y comercio exterior de la Región Tacna (que tiene en operatividad una Zona Franca y una Zona Comercial) la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República tiene previsto realizar la Audiencia Pública – Sesión Descentralizada: “IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN TACNA, COMO RESULTADO DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL”, donde uno de los temas centrales será el Proyecto de Ley que propone modificar y derogar artículos de la Ley que creó la Zofratacna.
Dicho evento se llevará a cabo el día Viernes 13 de Mayo de 9:00 a 13:00 hrs., en el Teatro Municipal de Tacna, y contará entre su panel de expositores con los congresistas Jorge Foinquinos Mera, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y Juan Pari Choquecota, quien sustentará el Proyecto de Ley N° 3999/2009-CR, asimismo se ha confirmado la presencia de importantes personalidad de la Región Tacna, entre ellos cabe mencionar al alcalde Provincial: Fidel Carita, Presidente Regional: Tito Chocano, y al Gerente General de la Zofratacna: Javier Kuong, entre otros.
¿SABEN QUE ES AGREDIR UN PERIODISTA?
Carlos Aguilar del Carpio. (*)
El conductor de la Hora N Jaime de Althaus fue “agredido” por una manifestación en la inmediaciones del medio donde trabaja, ello fue al retirarse con su auto y ser interceptado por personas que le reclamaban su defensa del Fujimorismo que hace noche a noche en su programa televisivo de señal por cable, el incidente – que no paso de gritos o pequeños roces con su auto – resulta ahora ser un “gravísimo” atentado a la libertad de expresión y una agresión inaceptable a los periodistas “independientes y neutrales” que hoy –unos más que otros- se han puesto su polo naranja en diferentes tonalidades.
Para poner las cosas en su lugar es necesario precisar que las agresiones en esta campaña electoral empezaron con los despidos a los hombres de prensa que se han hecho a lo largo y ancho del país por no apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. Dejar a un periodista sin trabajo, sin sustento económico, es una agresión, baja y de las peores que se hacen contra el individuo, la sociedad y la libertad de expresión, además del derecho al trabajo.
Agredir a un periodista es lo que le hicieron a Melissa Alfaro Méndez cuando el Grupo Colina –creación de Fujimori y Montesinos- le envió un sobre bomba que la mato en la oficina del medio donde trabajaba y donde era Jefa de Informaciones. Melissa Alfaro tenía 23 años, un brillante futuro en la prensa peruana, investigaba la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez, hasta hoy espera justicia, fue un 10 de Octubre del año 1991. ESO ES – EN VERDAD – AGREDIR A UN PERIODISTA.
El 24 de Junio de 1992 el periodista huachano Pedro Yauri se encontraba en su domicilio acompañando a su padre, cuando ingresaron a la fuerza miembros del grupo Colina que lo secuestraron, los torturaron en varias ocasiones, le hicieron cavar su propia tumba, y después lo ejecutaron, en un operativo que estuvo a cargo de Martin Rivas (como consta en los documentos de la CVR), hasta hoy el cuerpo de Yauri no aparece, su padre Anastasio –que sufre de reumatismo y no puede caminar- aun espera encontrar algún día el cuerpo de su hijo. Yauri era conductor del programa radial “Punto Final” en Radio Universal de Huacho. ESO ES AGREDIR A UN PERIODISTA.
Luis Morales Ortega, periodista ayacuchano, fue uno de los que más brego por que se aclare la muerte de los 8 periodistas de Uchuraccay, esto lo llevo a trabajar intensamente por los derechos humanos en su localidad, fue asesinado por el Grupo Colina el 13 de Julio de 1991, los testigos de su asesinato la familia Solier Huanca (esposos, hijos y sobrino), fueron asesinados 5 días después. Morales fue decano del Colegio de Periodistas de Ayacucho. Afortunadamente los responsables del crimen fueron descubiertos cuando cayó la dictadura de Fujimori que los protegía. ESO ES AGREDIR A UN PERIODISTA.
Cuando Fujimori dio su autogolpe el 5 de abril del año 1992, el periodista Gustavo Gorritti venía trabajando una serie de investigaciones sobre el siniestro asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Esa noche – ya de madrugada - Gorritti fue secuestrado por militares en su domicilio, perdiendo valiosa información; encañonado con metralletas lo tuvieron “desaparecido” 24 horas, posteriormente tuvo que salir del país e iniciar un largo exilio, siempre denunciando las corrupción y las atrocidades de la Mafia Fujimorista. En el año 2009, Alberto Fujimori fue hallado culpable de avalar elsecuestro de Gustavo Gorriti en los sótanos del Servicio de Inteligencia. ESO ES AGREDIR A UN PERIODISTA.
A Fabián Salazar, los agentes de Fujimori y Montesinos, le serrucharon –literalmente – el brazo, el periodista tenía en su poder algunos “vladivideos” que posteriormente saldrían a la luz y eran un anticipo de toda la corrupción que vimos después en la “salita” del SIN, por eso lo torturaron hasta casi matarlo, intentando cortarle el brazo para que dijera quien le había entregado el material. Era Mayo del año 2000, y el Fujimorismo a través de programas basura como Hora 20 – donde trabajaba Fabricio Torres, el nuevo Editor General de Canal N – presentaron un informe donde se decía que Salazar se había “autoserruchado” el brazo. ESO ES AGREDIR A UN PERIODISTA.
La rabia e indignación que producen periodistas “neutrales” como Lucar, Aldo M., Mónica Delta, Rosa María Palacios, Jaime de Althaus, está generando un clima de rechazo a tan grotesca manipulación de la información. Si gana Keiko Fujimori será gracias – en gran parte – a estos personajes, al Grupo “El Comercio”, y por supuesto a una ciudadanía que pasivamente acepta los contenidos sesgados y parcializados de los medios de comunicación.
La violencia no se justifica, pero gritos y reclamos jamás se comparan a crímenes, errores no son horrores, y esto último – horrores – fue lo que hizo el Fujimorismo. Aunque ahora nos quieran decir que a los periodistas Fujimoristas “no se les toca ni con el pétalo de una rosa”.
(*) Periodista y Docente Universitario
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