GRUPO DE TRABAJO DEL CONGRESO DESAPRUEBA EL INFORME DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 2010
Entre las irregularidades Pari Choquecota señaló que no está explicado el incremento del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que casi llega al 80% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y no se discute en el Congreso. Hay, además un porcentaje importante de entidades omisas a la presentación de informes (3,7%) cuyas causas de incumplimiento no han sido informadas, sin que tampoco haya datos sobre los montos globales de presupuesto comprometidos por ellas, excepto para gobiernos locales.
De otro lado, el congresista Pari Choquecota, coordinador del grupo de trabajo sostuvo que el porcentaje de entidades auditadas por la Contraloría es ínfimo (2%) en relación al universo de entidades públicas, sin que la Contraloría haya explicado las razones de esa baja fiscalización. “De la muestra auditada (46 entidades), solo 19 están limpias y 27 entidades son consideradas con problemas o auditadas “con salvedades”.
El número de entidades no auditadas es de 2259 (98%), que equivale al 33% del presupuesto de gastos y 28 % del presupuesto de ingresos”. Por otro lado, manifestó el congresista que son 36 empresas públicas que se auditan en muestra y lo que no se sabe es el destino de las utilidades de estas empresas (alrededor de 32 626 millones) que van al FONAFE, acerca de lo cual no se informa ni se audita.
En otro grupo de cuentas por cobrar se tiene un monto acumulado de S/. 26 998 968.2 cuyo origen no está informado, así también dijo el Congresista que existen entidades que ejecutan obras en contratos con organismos internacionales del tipo de OIOE, UNOP, PNUD, OIM que no son auditadas.
El grupo de trabajo, conformado por los parlamentarios Víctor Isla Rojas, Rolando, Reátegui Flores, Modesto Julca Jara y Casio Huaire Chuquichaico, recomendó modificar el numeral 34.1 del Artículo 34, de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, a fin de restaurar la función de fiscalización del Congreso de la República sobre dos entidades del Estado, encargadas de disponer la ejecución del gasto, el Ministerio de Economía y la Contraloría, sobre las cuales el Congreso ejerce un control muy débil.
“Esta recomendación se sustenta además en el hecho de que el mandato constitucional dispone el “pronunciamiento” y no la aprobación de dichos documentos por el Congreso de la República” manifestó Pari Choquecota quien subrayó la importancia de modificar el numeral 2 del Artículo 26 de la Ley N° 28708, a fin de ampliar las funciones de fiscalización que comprenda la evolución y resultados de la aplicación del Presupuesto por Resultados y crear la Comisión Ordinaria Revisora de la Cuenta General, tal como dispone el Artículo 81 de la Constitución y como parte de la función parlamentaria de control político.
Lima, 11 de octubre de 2011
