TRABAJO, INFORMALIDAD Y AUTOEMPLEO EN EL PERÚ
Como bien se sabe, alrededor de dos tercios de los trabajadores del país laboran en el mundo de la llamada informalidad. La gran mayoría de ellos son trabajadores independientes o trabajadores auto empleados, como también se les llama.
Se calcula que los trabajadores independientes llegan a ser el 51% de la Población Económicamente Activa, es decir, que de cada 100 trabajadores, 51 son autoempleados. Es decir que la mitad de la población peruana depende de sus propias iniciativas para crearse empleo.
Y, sin embargo, el autoempleo no constituye una línea de inversión expresa del Gobierno Nacional, pese a que se encuentra implicado en la 14 Política de Estado sobre Acceso al empleo pleno, digno y productivo.
Hay la tendencia a considerar el autoempleo como un problema de informalidad, cuando en el fondo es un problema de inversión, de apoyo a las iniciativas que realizan los trabajadores independientes.
Tampoco hay consideraciones especiales en las leyes sobre el régimen de salarios, el acceso a la salud, la protección de la seguridad social, la seguridad y la protección contra los riesgos de los trabajadores independientes.
Con frecuencia hay la tendencia a vigilar el respeto a los derechos laborales en el sector de trabajadores dependientes, lo cual está bien. Pero hay que tener en claro que cuando la Constitución protege los derechos de los trabajadores, se refiere a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores independientes.
La realidad es que, pese al crecimiento económico del país, sólo alrededor de 986 mil trabajadores, que perciben remuneraciones en planilla, gozan de todos sus derechos laborales. En cambio, de cuatro a cinco millos laboran en condiciones precarias, a los cuales no les alcanza la protección de las leyes.
Además, el 81% de los trabajadores peruanos tiene ingresos por debajo del salario mínimo, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2008.
Es por eso que en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República se viene buscando la prioridad de la agenda laboral en la discusión del Congreso, así como en las políticas del ejecutivo.
El mayor rezago que hay en el momento actual es, indiscutiblemente, la dilación en las relaciones laborales. La mayor causa de descontento de la población son las malas relaciones laborales.
Se ha avanzado en el aumento del producto, pero se ha retrocedido en la promoción del trabajo; se tiene un crecimiento de primer mundo pero salarios de tercer mundo; han sido introducido modalidades contractuales que restringen los derechos laborales que el país tiene el compromiso de respetar en el marco de los convenios de OIT.
De otro lado, se ha tercerizado la ocupación, de tal modo que ahora, las empresas intermediarias -como ocurre con el comercio de productos agropecuarios- se quedan con la mayor de las utilidades, y los trabajadores reciben salarios reducidos.
Así también, se ha colocado a los trabajadores del país en una situación de inseguridad jurídica permanente, dado que pocos tienen la seguridad de que su empleo durará, de que no serán despedidos con cualquier pretexto, y de que sus condiciones mejorarán o al menos no empeorarán.
En la Comisión de Trabajado se ha planteado la revisión del régimen de trabajadores públicos sometidos al contrato CAS, un régimen en el que se cumple la mitad de los derechos, para servidores que trabajan igual o más que los trabajadores nombrados. Del mismo modo se ha planteado la revisión del proyecto de Ley General de Trabajo, una propuesta que tiene un dictamen en el que se quiere dejar las cosas como están, y que es necesario que sea discutido por los trabajadores para llegar a una reforma laboral a tono con la protección del trabajo a nivel internacional.
Y existe también la voluntad de discutir un marco legal adecuado para la promoción del trabajo independiente. Que el autoempleo sea no sólo una alternativa económica -que ya lo es por la enorme contribución económica que viene haciendo al país- sino también una alternativa de buen empleo, con ejercicio de los derechos laborales que son base para el bienestar de las familias.
Juan Pari Choquecota
Presidente de la Comisión de Trabajo
